Flota renovada, GPS en tiempo real, participación de los usuarios y nuevas reglas para calcular la tarifa: las propuestas de Unión por la Patria al pliego de transporte
El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó en la Comisión de Movilidad Urbana una serie de modificaciones al nuevo pliego de transporte público. Las propuestas incluyen un cronograma para renovar la flota, GPS en tiempo real para los usuarios, la participación de instituciones en la evaluación de recorridos y frecuencias y nuevas reglas para calcular la tarifa ante la incorporación de colectivos que utilicen energías alternativas al gasoil.
La presentación forma parte del tratamiento del expediente 1729/2025, que establecerá las condiciones de la próxima concesión del transporte público de Mar del Plata y Batán por un período de 20 años.
Una de las principales modificaciones apunta a la renovación de la flota. El pliego exige actualmente que solo el 20% de los colectivos sean 0 km al comenzar la concesión y permite unidades de hasta diez años de antigüedad, con un promedio máximo de siete años para el conjunto de la flota.
Unión por la Patria propone que al menos el 40% de los colectivos sean 0 km al comenzar la concesión y establecer un cronograma obligatorio de renovación. En un plazo máximo de cinco años, toda la flota deberá ser del modelo del año en que comenzó el contrato o posterior.
Una concesión de 20 años necesita compromisos concretos de renovación. No alcanza con fijar un promedio de antigüedad: el pliego tiene que establecer cuándo y cómo se van a renovar los colectivos.
Otra de las modificaciones que propone Unión por la Patria apunta a que los usuarios tengan más información sobre el servicio. El pliego ya exige que los colectivos cuenten con GPS y contempla una aplicación para consultar recorridos, paradas y tiempos estimados de llegada.
Unión por la Patria propone que el GPS sea abierto y accesible para los usuarios, para que desde el celular puedan ver en un mapa la ubicación en tiempo real de cada colectivo que está circulando. Así, quien está esperando el colectivo podría ver dónde se encuentra cada unidad, seguir su recorrido y saber cuánto falta para que llegue a la parada.
Unión por la Patria también propone que los recorridos y las frecuencias sean evaluados cada seis meses junto a quienes conocen cómo funciona el transporte en cada barrio. Para eso plantea crear un ámbito integrado por el Municipio, las empresas concesionarias e instituciones de la comunidad, como sociedades de fomento y escuelas.
Para evaluar el servicio, ese espacio tendría acceso a la información que produzca el propio sistema: datos sobre recorridos y frecuencias, encuestas a los usuarios, reclamos realizados al 147 y la información disponible a través de las herramientas digitales del transporte.
La propuesta de Unión por la Patria busca que la planificación del transporte también tenga en cuenta la experiencia cotidiana de quienes lo utilizan. Las necesidades de cada barrio cambian, aparecen nuevos lugares de trabajo, escuelas y actividades, y también cambian los horarios y la forma de moverse por la ciudad. Por eso, los recorridos y las frecuencias deben evaluarse periódicamente y adaptarse a esa realidad.
La última modificación de Unión por la Patria apunta al cálculo de la tarifa. El pliego permite incorporar colectivos eléctricos, a GNC, biodiesel o con otras energías alternativas, pero la fórmula prevista para calcular los costos del servicio está diseñada únicamente sobre el precio y el consumo de gasoil.
Unión por la Patria propone que el pliego establezca desde el comienzo cómo se calculará el costo de cada tipo de energía y cómo impactará en la tarifa. De esa manera, si se incorporan colectivos eléctricos, a GNC o con otras tecnologías, las reglas estarán definidas de antemano y no después de adjudicada la concesión.
Las modificaciones fueron presentadas por Unión por la Patria como parte del tratamiento del pliego en la Comisión de Movilidad Urbana. Para el bloque, una concesión que va a definir el transporte público durante los próximos 20 años tiene que establecer desde el comienzo compromisos concretos, plazos definidos y obligaciones que después puedan controlarse y exigirse.











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