En virtud de la existencia de normas que establecen con absoluta claridad las responsabilidades del gobierno municipal en materia de asistencia, protección y cuidados de las personas en situación de calle, que contrastan severamente con las conductas públicas del intendente Montenegro y su gestión, queremos señalar que la observancia de las normas no es optativa para los funcionarios públicos: es una obligación en el cumplimiento de los deberes.

La Ley Orgánica de las Municipalidades, en su artículo 108, incisos 1 y 2, estipula que entre los deberes del intendente Montenegro se encuentra garantizar el bienestar de la población y atender particularmente a las personas en estado de vulnerabilidad o situación de calle.

Por su parte, la Ordenanza 20714 (2012) crea el Programa de Atención y Asistencia para Personas Sin Hogar, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y brindar asistencia social, médica, psicológica y jurídica.

Como se puede ver, no se trata ya de un matiz ideológico ni de una mera diferencia de percepción o sensibilidad. Estamos ante un incumplimiento de los deberes del intendente municipal, fijados tanto en leyes provinciales (artículo 108, incisos 1 y 2, de la LOM) como en ordenanzas municipales (20714). Mientras tanto, personas tiradas en la calle ven cómo se les quita su última pertenencia, un colchón, y se las obliga a “circular”.

Desde nuestro bloque ya nos hemos manifestado respecto de las vergonzosas publicaciones en redes sociales en las que el intendente se expresa con desprecio sobre las personas en situación de calle. Hemos repudiado el lenguaje brutal de la conducta indolente hacia la emergencia social de seres humanos durmiendo en cajeros, plazas, convertida en una suerte de problema de higiene urbana. Los seres humanos no son “valores absolutos”: las vidas son sagradas, y el desprecio de la palabra oficial ofende moralmente al conjunto de la sociedad.

Sin embargo, ya no estamos hablando solo de lenguaje o sensibilidad. Ahora se trata de normas que no se cumplen, incluso con jactancia. Estamos ante hechos que podrían constituir delitos que van desde el incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta el abandono de persona, u otros, según el caso.

Por tal motivo, queremos advertir formal y públicamente al intendente Montenegro que no vamos a permanecer en silencio frente a la arrogancia brutal hacia los más débiles ni vamos a tolerar que se violen normas que debe cumplir en el ejercicio de su función.

Concejal María Eva Ayala
Concejal Horacio Taccone