Según el relevamiento mensual que realiza el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en comercios de cercanía de los barrios populares de Mar del Plata y Batán, una familia de dos personas adultas y dos niños/as, para adquirir la Canasta Básica de Alimentos (CBA) requirió en el mes de noviembre de $406.496 representando un incremento del 3,13% respecto del valor de esa misma canasta en el mes de octubre.

De acuerdo con el relevamiento mensual de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que realiza el Isepci en negocios de cercanía de los barrios populares de Mar del Plata y Batan, en octubre pasado los precios de los alimentos aumentaron un 3,13%, destacándose el rubro almacén con un 4,1% de aumento con respecto al mes de octubre. Por su parte, Rodrigo Blanco, director a nivel local del Isepci, expresó: “El valor de la CBA para una familia de dos adultos y dos hijos/as pequeños/as, en noviembre alcanzó los $406.496 contra $167.313 de noviembre anterior. En los 12 meses de mandato del actual gobierno, el aumento de los alimentos llegó al 143%. En noviembre del año pasado, con $167.313 la misma familia de cuatro integrantes, se alimentaba conforme los requerimientos nutricionales mínimos que determina el Indec. Este noviembre tuvo que sumar $239.183 a su presupuesto para sostener igual dieta.”

Este mes de noviembre, el rubro almacén lideró las subas mensuales presentadas, alcanzando un 4,1%, seguido por el rubro verdulería con un 2,5% de incremento, mientras que los productos del rubro carnicería presentaron una suba del 2,1%. Los productos que más aumentaron este mes fueron, en almacén, las galletitas saladas (33%), el yogurt firme (31%) y el pan (12%); en verdulería, el zapallo (36%), la cebolla (34%) y la acelga  (28%); por último, en carnicería, los aumentos más significativos se dieron en el espinazo
 (17%), la carnaza (7%) y el asado (7%).

Rodrigo Blanco analizó con detenimiento los números de este periodo y reflexionó:
“Desde diciembre de 2023, cuando asumió este gobierno, y los primeros meses del 2024, impulsada primero por la devaluación del 120% y después por la desregulación total de los controles de precios, tuvimos que afrontar una constante suba de precios de las Canastas Básicas, que invariablemente no descendían de dos dígitos. En la segunda parte del año, al ritmo de una fuerte contracción del poder adquisitivo de la mayoría de la población, descenso de la actividad económica, y caída de las ventas, los aumentos, sin dejar de producirse, se fueron paulatinamente moderando, oscilando en valores de un dígito. Así llegamos a estos últimos meses que las subas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC están en el orden del 3 o 4% o algo menos, al igual que las variaciones de las Canastas Básicas. El gobierno acompaña esta tendencia descendente con un relato que intenta explicar que se va produciendo una recuperación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, en especial de las mínimas.”

Y finalizó: “Sin embargo, en diciembre de 2023 el Salario Mínimo Vital y Móvil que actualiza trimestralmente el Consejo del Salario que integran los empresarios, los sindicatos y el propio gobierno, ascendía a $156.000, en octubre 2024 llegaba a $271.571 (+74%). Por su lado la Jubilación Mínima que fija ANSES, en diciembre pasado estaba en $215.713 y en octubre 2024, era de $314.320 (+45,7%). Una simple comparación entre estos incrementos de las remuneraciones mínimas, y las variaciones de precios en los distintos productos que anuncia mensualmente el propio INDEC en su Índice de Precios al Consumidor –Alimentos (+88%); Servicios (217%); Trasporte (125%); comunicación (168%)-, desmiente cualquier elucubración sobre una supuesta recuperación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. No hay ningún dato que corrobore recuperación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. El gobierno con su relato signado por una multiplicidad de mentiras intenta encubrir lo que es inocultable: el ajuste que viene imponiendo, que le permite mostrar “equilibrio fiscal”, es a costa de una reducción de los ingresos de jubilados/as y de las remuneraciones de los sectores de menores ingresos.”