El diputado provincial Gustavo Pulti presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal, solicitando que se investigue la posible comisión de los delitos de violación de los deberes del funcionario público y malversación de caudales públicos en los que habrían incurrido el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, el Ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional involucrados en la decisión y posterior traslado de las reservas de oro del Banco Central al exterior.

“Es inadmisible que el oro de los argentinos se haya sacado del país sin que sepamos dónde está, qué valor tiene lo entregado , qué medidas de seguridad se adoptaron ni qué resultados se esperan. Lo único que sabemos es que Caputo reconoció la operación, pero todo lo demás es un oscuro misterio”, afirmó Pulti.

El legislador también denunció que “el gobierno de Milei toma decisiones reñidas con la Constitución, fuera del marco legal que es exigible para el normal funcionamiento de una república y de muy cuestionable transparencia”. Agregó que el traslado del oro fue acompañado de un “ocultamiento premeditado”, ya que las solicitudes de información realizadas al BCRA fueron negadas en dos oportunidades, primero por la institución y luego a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Pulti subrayó que la decisión del traslado no cuenta con actas del directorio del BCRA ni disposiciones administrativas firmadas por las autoridades competentes. “Es la primera vez que se toma conocimiento de una decisión del Banco Central que compromete el oro ahorrado por los argentinos sin el respaldo de un acto administrativo que lo avale. Nadie en Argentina sabe a dónde fue a parar el oro”, expresó.

El diputado también cuestionó los riesgos asociados a esta operación, incluyendo el posible embargo de las reservas en el exterior, y advirtió sobre los peligros que implica este nivel de falta de transparencia en una democracia. “Si seguimos siendo una democracia y no un régimen absolutista al estilo de las monarquías previas a la Revolución Francesa, la Justicia deberá proporcionar, a través de una investigación, la información que los funcionarios se negaron a dar”, enfatizó.