La presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Concejo Deliberante, Mariana Cuesta, cuestionó la decisión del intendente Agustín Neme de volver a impulsar multas para quienes arrojen basura en la vía pública, una medida que había impulsado en 2016 la gestión de Carlos Arroyo.

“Diez años después, el Ejecutivo vuelve a la carga con la misma propuesta. Una propuesta que ya fracasó”, señaló.

A través de una publicación en redes sociales, la jefa de la bancada opositora señaló: “Veo el futuro repetir el pasado”, con una imagen que muestra el estado de abandono que atraviesa la ciudad en materia de higiene urbana.

En la siguiente pieza del carrusel, recuerda que en 2016, también con la ciudad llena de basura, el entonces intendente Carlos Arroyo amenazó con multar y sancionar a los vecinos. “De la empresa no dijo ni mu”, sostuvo la concejal

El posteo de Cuesta vuelve a 2026, al gobierno de Agustín Neme y Guillermo Montenegro. “Mar del Plata más sucia que nunca. ¿La propuesta? Muy original: otra vez, multas al vecino (A la empresa… ni mu)”, deslizó.

La edil recordó que la empresa 9 de Julio que presta el servicio de recolección de residuos, cobra mensualmente $5.400 millones de pesos para sostener la higiene urbana.

En ese sentido, la jefa del bloque Unión por la Patria fue dura con la gestión municipal: “Siempre muy picantes con el que paga y nunca con el que cobra”.

Desde el bloque opositor aclararon que el problema de la basura no es un tema menor ni una discusión superficial. “Los microbasurales, la acumulación de residuos en distintos barrios y la falta de limpieza son un reclamo real y cotidiano de vecinos y vecinas. Es un verdadero problema en la ciudad y no se puede minimizar”, señalaron.

Tras remarcar la similitud de las propuestas del ex intendente y del actual jefe comunal, Cuesta ironizó: “La arroyización avanza”.

Unión por la Patria volvió a reclamar más controles hacia la empresa concesionaria. A su vez, recordó que el gobierno de Montenegro se negó a elevar un nuevo pliego para discutir las mejoras del servicio y en cambio decidió declarar la emergencia sanitaria y prorrogar por dos años el contrato vencido.

“Si la ciudad está más sucia, la discusión no puede dirigirse a sancionar al vecino. Existe un contrato millonario vigente y una responsabilidad de gestión que debe asumirse. Diez años después, repetir la misma receta no es una solución”, finalizó Cuesta.