El Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata expresó su profunda preocupación por la fragilidad creciente del sistema energético que afecta directamente a la ciudad y la región. Según la declaración de Luz y Fuerza, los recientes cortes de gas y las fallas del suministro eléctrico son la consecuencia directa de un modelo que prioriza el negocio de unos pocos por sobre los derechos de las mayorías.

La falta de inversión estructural por parte del Estado nacional y la desidia de las empresas privatizadas evidencian un abandono sostenido que hoy golpea con fuerza a la población trabajadora, según Luz y Fuerza. La paralización de obras e inversiones estratégicas por parte del Estado Nacional, como el Gasoducto de la Costa Atlántica y la falta de finalización de las plantas compresoras del sistema Vaca Muerta, agravan la crisis y limitan la operación de la Central 9 de Julio, pieza clave para la generación eléctrica local.

Luz y Fuerza sostiene que esta situación expone a Mar del Plata a un escenario crítico: sin gas para calefacción y con un sistema eléctrico precario, incapaz de soportar la demanda creciente. La responsabilidad directa de la crisis recae sobre:

• El Estado Nacional, por abandonar el financiamiento, planificación y ejecución de obras energéticas fundamentales.
• Las empresas privatizadas, por la falta de inversión en infraestructura, especialmente en zonas periféricas, dejando sin respuestas a miles de usuarios frente a cortes y bajas de tensión de luz o de presión de gas.
• El modelo privatizador heredado de los años 90, que sigue vigente y prioriza la rentabilidad empresarial antes que el acceso universal a servicios esenciales.

Luz y Fuerza exige con urgencia:

• La reactivación del Gasoducto de la Costa Atlántica y la culminación de las plantas compresoras de Vaca Muerta.
• La repotenciación inmediata de la Central 9 de Julio, dotándola de equipamiento moderno que permita afrontar picos de consumo sin depender exclusivamente del sistema interconectado nacional.
• Inversiones reales y sostenidas en redes eléctricas, bajo control público y con participación social.

«El acceso a la energía no es un privilegio: es un derecho humano esencial. No puede haber justicia social sin acceso seguro a la luz y al gas. No puede haber desarrollo sin infraestructura al servicio del pueblo», concluyó Luz y Fuerza.