El cierre del mayorista dejó a un centenar de trabajadores sin empleo. En Mar del Plata, el reclamo lleva más de 40 días sobre sobre la Ruta 88. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio advierten que el caso es testigo y lo vinculan directamente con la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El cierre de las cuatro sucursales del mayorista Caromar desató un conflicto laboral que ya lleva más de 40 días y que mantiene en vilo a trabajadores de Mar del Plata y otras localidades. En la ciudad, los 15 empleados de la sede ubicada sobre la Ruta 88 sostienen un acampe permanente en reclamo del pago de las indemnizaciones correspondientes, luego de que la empresa anunciara su cese de actividades en diciembre.

Desde el inicio del conflicto, los trabajadores —nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA)— reclamaron primero el pago de salarios adeudados y luego el cumplimiento íntegro de las indemnizaciones. Sin embargo, las negociaciones con la patronal estuvieron marcadas por la falta de propuestas concretas.

“Desde el primer momento la oferta fue cero. No querían pagar nada de indemnización”, afirmó Esteban Fraysse, secretario gremial del SECZA.

Según explicó el dirigente, el acampe fue clave para forzar a la empresa a sentarse a negociar: “Si algo se logró con los 40 días de acampe es que se hayan sentado en una mesa en la que no querían estar”.

Durante este proceso se realizaron distintas audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. La más reciente, llevada a cabo este viernes en La Plata, marcó un punto de inflexión: la empresa alcanzó un acuerdo con trabajadores de una de las plantas más grandes, que contempla el pago del 50% de las indemnizaciones en tres cuotas. Una propuesta que desde el SECZA consideran inaceptable.

De acuerdo a lo trascendido, la patronal intentó utilizar ese acuerdo parcial para dar por caída la negociación con el resto de los trabajadores y avanzar en la judicialización del conflicto. No obstante, la intervención del Ministerio permitió establecer un nuevo cuarto intermedio y mantener abierta la mesa de diálogo.

Este conflicto de Caromar no es un hecho aislado, sino un caso testigo directamente vinculado con la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. “El estudio de abogados Foglia, que asesora a la empresa, es uno de los que escribió la reforma laboral que está en el Senado. Ellos plantean un escenario de no pago de indemnizaciones para fortalecer el artículo que habla del fondo de cese laboral”, explicó Fraysse.

El dirigente sindical advirtió que esta metodología podría replicarse en otros conflictos: “Esto va a pasar en muchos otros lugares. Llevan la negociación al límite para no pagar y convencer a los trabajadores de que el fondo de cese laboral es lo que conviene, porque supuestamente garantiza la disponibilidad de la indemnización”.

Fraysse hizo referencia al denominado “Fondo de Asistencia Laboral”, mediante el cual el gobierno nacional busca redireccionar aportes patronales para que el Estado asuma parte del costo de las indemnizaciones por despido.

“Hace 40 días que estamos ahí. Estuvimos el cuerpo de delegados, la comisión directiva del sindicato y los trabajadores de Caromar. La empresa tiene mercadería en el lugar y esa es parte de la presión que ejercemos, aunque el propio candado lo puso la empresa”, concluyó Fraysse.